"El anteproyecto de Ley de convivencia y participación de la comunidad escolar, presentado ayer por la consellería de Educación, concede a los docentes de la Comunidad gallega la condición de "autoridad pública"". Así comenzaba la noticia publicada ayer día 5 de Enero de 2011 en el períodico ABC (abc-profesores gallegos).
Esto significa que los profesores contarán con "protección jurídica" específica y con la "necesaria" presunción de veracidad para el mantenimiento de la "disciplina"; mientras que los centros escolares sostenidos con fondos públicos tendrán la facultad de regular la vestimenta de los alumnos, siempre contando con la aprobación del Consello Escolar, aunque ningún centro público de Galicia tiene el uniforme implantado, sí hay demanda por parte de las familias.
También se incluye dentro de este texto normativo el conceder a los profesores la facultad de requisar a los alumnos cualquier sustancia u objeto que porten y que no esté permitido por las normas del centro, como los teléfonos móviles, u otro objeto que se considere peligroso.
Según ha explicado el titular de Educación, el citado texto normativo tiene como objetivo "Dignificar al docente", "crear y reforzar" los instrumentos jurídicos que "permitan mantener un clima de convivencia a través de la restauración de ciertos valores y comportamientos".
Se trata de que las aulas transcurran en "un ambiente de respeto mutuo".
Dicho borrados incide en la "corresponsabilidad" de los padres o tutores regulando su participación en el proceso educativo a través de "mecanismos de consulta y participación directa", a través de medios telemáticos o de los propios centros escolares. El objeto de esta "participación", será "sobre aspectos concretos de la enseñanza", de modo que queda "garantizada" la autonomía de los centros en materia curricular y la libertad docente y pedagógica del profesorado.
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Para decidir las sanciones, se clasificarán las conductas en "leves" y "graves", incluyéndose en esta tipología las agresiones, las discriminaciones, el vacío social, la difusión de imágenes o información que atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como el acoso escolar y el ciberacoso. El documento establece la incorporación de protocolos para su prevención, detección y tratamiento en los planes de convivencia de los centros. Además la dirección de los colegios o institutos podrá designar un "responsable personalizado" de atención a la víctima o la medición profesional en función de la gravedad del caso.
Detro de los castigos que pueden recibir los alumnos, se encuentra la realización de tareas en horario no lectivo, la suspensión de asistencias a determinadas actividades (como visitas guiadas o excursiones), la expulsión de cuatro a quince días e, incluso, el cambio de escuela.
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha celebrado este martes que los profesores gallegos vayan a ser considerados "autoridad pública" en función de la Ley de convivencia y participación de la comunidad escolar que impulsa la Xunta, y ha pedido una norma a nivel nacional que proteja por igual a todos los docentes.
